Monitor de Biotecnología y Desarollo, Compendio 1995-1997, p. 28-32.

Los Derechos del Obtentor Crean Ganadores y Perdedores By Jeroen van Wijk

Palabras clave:	Países en desarrollo (en general); Derechos del obtentor; Semilla; Acceso a los recursos genéticos; Argentina; Relación entre los sectores público y privado.
Cita literal:	Wijk, J. van (1999), "Los Derechos del Obtentor Crean Ganadores y Perdedores." Monitor de Biotecnología y Desarollo, Compendio 1995-1997, p. 28-32.

El sistema de los derechos del obtentor se utiliza en la mayoría de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) así como en algunos en desarrollo aunque resulte controvertido. Las semilleras privadas defienden esos derechos porque consideran que favorecen la innovación en el fitomejoramiento. Otros sostienen que aquellos pueden dificultar el suministro de semillas a los agricultores y disminuir la diversidad genética. Un problema notable en esta controversia es la falta de elementos suficientes para evaluar su impacto. Un estudio reciente ha intentado recoger algunas experiencias en América Latina, haciendo hincapié en Argentina.

A principios de 1995 27 países disponían de legislación sobre los derechos del obtentor y eran miembros de la Unión Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas (UPOV). Además de estos países, Zimbabwe y Chile aplican dichos derechos, y, a causa del nuevo Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), muchos más los pondrán en práctica. Aunque un gran número de países está estudiando el sistema de los derechos del obtentor, se conocen poco sus efectos socioeconómicos. Aparte de uno o dos estudios al respecto, en los Estados Unidos, no se ha hecho ninguna evaluación.
Por este motivo el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), basado en Costa Rica y la Universidad de Amsterdam, en colaboración con investigadores en cinco países latinoamericanos, reunieron información sobre el debate entorno a los derechos del obtentor y su impacto en América Latina. El estudio, que se llevó a cabo en 1994, trataba de acopiar información relativa a sus consecuencias para: 1) las inversiones de las semilleras privadas en el fitomejoramiento; 2) la transferencia internacional de material vegetal; 3) el acceso al germoplasma público; y 4) la difusión de semillas entre los agricultores (obtentores).

Los derechos del obtentor en América Latina
Argentina, Chile y Uruguay establecieron su protección hace 15 o 20 años. Colombia promulgó una ley al respecto en 1994 y México está a punto de introducirla. En estos cinco países varios grupos de interés han venido defendiéndolos:
1) las semilleras nacionales que quieren proteger sus nuevas variedades vegetales para obtener ingresos con las regalías;
2) los productores nacionales de frutas y flores cortadas para quienes de la protección de aquellos depende un mejor acceso a las líneas de mejoramiento y las variedades de fitomejoradores extranjeros;
3) los institutos públicos nacionales de investigación agrícola que se enfrentan a considerables reducciones pre-supuestarias y buscan fuentes adicionales de ingreso;
4) las subsidiarias de las semilleras extranjeras que quieren proteger sus variedades y líneas de mejoramiento para poder entrar en los mercados de semillas latinoamericanos; y
5) los gobiernos extranjeros procuran reforzar en general la protección de la propiedad intelectual en América Latina. La presión política extranjera se hizo sentir muy especialmente en Colombia y México. Este último, por ejemplo, está obligada por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) a aplicar los derechos del obtentor.
La oposición a esa protección se origina en los investigadores del sector público y en algunas ONG que trabajan con los pequenos agricultores, pero suele ser débil. En la mayoría de los países el público en general está poco informado acerca de los planes y los efectos potenciales de la protección de la propiedad intelectual en la industria de semillas.

Las inversiones privadas
En tres de los cinco países mencionados, Argentina, Chile y Uruguay, las autoridades específicamente encargadas de los derechos del obtentor han venido aplicándolos desde hace algún tiempo. Pero Argentina es el único país en donde las semilleras hacen respetar ellas mismas sus derechos. A partir de 1990, los fitomejoradores argentinos controlan activamente el mercado de semillas y intentan reducir su comercio no autorizado. Alrededor de 45 compañías e institutos de semillas, tanto nacionales como extranjeros, son miembros actualmente de la Asociación Argentina de Protección a las Obtenciones Vegetales (ARPOV), de reciente creación. Esta organización representa a más del 80 por ciento de todas las organizaciones de fitomejoradores del país. Ha elaborado los contratos de concesión de licencias y tiene sus propios auditores que comprueban la contabilidad y las existencias de los comerciantes de semillas para controlar el comercio de semillas multiplicadas sin autorización. El control colectivo que ejercen los fitomejoradores y las autoridades encargadas desde hace poco tiempo de garantizar los derechos del obtentor, ha sido muy eficaz para reducir dicho comercio, por lo menos para algunos cultivos comerciales. El porcentaje de bolsas de semillas de trigo no autorizadas se redujo de alrededor del 80 por ciento en 1990 al 20 por ciento en 1994. Con respecto a las semillas de soja estas cifras fueron del 80 por ciento en 1992 y del 40 por ciento en 1994.
El cumplimiento de la legislación produjo un incremento de las regalías para las semilleras. De acuerdo con la teoría económica, esta remuneración debería inducirlos a invertir más en la innovación. ¿Fue lo que ocurrió en Argentina? Según las estimaciones de 11 de las 50 compañías con programas de fitomejoramiento en el país, tanto los gastos absolutos de investigación y desarrollo (IyD) así como la proporción entre las ventas y la IyD en fitomejoramiento, fueron superiores en 1992 a 1986, antes de que se aplicara la ley relativa a la protección de los derechos del obtentor. La diferencia fue mayor en las subsidiarias de las semilleras multinacionales, especializadas en cultivos híbridos, y relativamente baja en las nacionales que trabajan con variedades de autopolinización. Suponiendo que las cifras indiquen una tendencia, cabe preguntarse si el aumento en la IyD puede atribuirse al cumplimiento de la ley en la materia. Según la industria semillera argentina puede ser así. Hubo un gran consenso entre las empresas que creen que, si bien esto no ha producido más inversiones en la IyD, sí ha impedido que los productores nacionales de trigo redujeran sus actividades de fitomejoramiento o incluso las abandonasen. La protección de los derechos del obtentor probablemente provocó la reactivación de algunos programas de mejoramiento de la soja.
El aumento de los gastos en IyD de las empresas multinacionales de semillas en Argentina no parece estar relacionado con la aplicación de la legislación de protección de dichos derechos. Estas empresas protegen cada vez más las líneas de origen de sus híbridos con ese sistema, pero indicaron que dicho aumento se debía principalmente a los cambios en la política económica del país y a la necesidad de mejorar su competitividad.

La estructura del mercado de semillas
Los mercados de esos cinco países de América Latina están formados básicamente por dos segmentos: las de semillas híbridas (de maíz, sorgo, girasol y algunas hortalizas) y las variedades de autopolinización (trigo, soja, cebada, etc.). El primero son las semilleras multinacionales las que abastecen el mercado casi exclusivamente por semillas de EMS, mientras que en el último mercado predomina la industria nacional de semillas. ¿La protección de los derechos del obtentor ha alterado esta división de tareas? En Argentina esto no ha sucedido hasta ahora. Las grandes barreras que protegen el sector de los híbridos han impedido que las empresas nacionales participen en este mercado. Por otro lado, las multinacionales no han entrado en los mercados de los cultivos autopolinizados. Parece que los derechos del obtentor pueden incitarlas más a arriesgarse a enviar líneas de origen de mayor calidad a América Latina para probarlas y propagarlas. En este sentido, parece que los derechos del obtentor han mantenido la división de tareas existente entre la industria semillera extranjera y nacional. A largo plazo, la estructura del mercado puede cambiar cuando los híbridos reemplacen en más cultivos a las variedades autopolinizadas. Es probable que aumente la participación de las multinacionales en el mercado de semillas de los países del subcontinente como resultado del incremento en el uso de híbridos más que como consecuencia de la protección de los derechos del obtentor.

La transferencia internacional de material vegetal
Uno de los objetivos de aplicar los derechos del obtentor en América Latina era promover las importaciones de germoplasma extranjero. El germoplasma incluye cultivares modernos, cepas genéticas especiales y material genómico. La muy difundida idea de que con un sistema de proteccion de esos derechos se fortalece y se estimula la transferencia de material vegetal extranjero mejorado, resulta, en parte, falsa.
Dichos derechos son importantes en dos etapas de la transferencia de tecnología: 1) el acceso físico al material vegetal y 2) el aprovechamiento. El hecho de que la protección de aquéllos mejore, o no, el acceso al material genético extranjero depende de la política de protección de la propiedad intelectual del proveedor. Al ofrecer esa protección se puede mejorar el acceso al germoplasma en manos de las empresas privadas de semillas de los países de la OCDE. Los derechos del obtentor parecen facilitar el acceso de las compañías latinoamericanas a las líneas de mejoramiento de los híbridos cerealeros o al material de propagación de gran calidad de variedades ornamentales o frutales de las semilleras europeas o estadounidenses. Pero los principales proveedores públicos de germoplasma cerealero, como los centros internacionales de investigación agrícola, no se preocupan por proteger jurídicamente su material vegetal. Un sistema de derechos del obtentor no mejorará el acceso al material genético disponible de ellos.
El efecto positivo de dichos derechos en el acceso al germoplasma privado extranjero puede ser limitado porque la mayoría de las formas de su aprovechamiento exige el permiso del fitomejorador. Por razones obvias es poco probable que el obtentor extranjero se oponga a esa utilización si complementa la existente de dicha variedad. Pero cuando interfiere con ella o la sustituye, el obtentor puede recurrir a su derecho de limitar o impedir la utilización. Pueden imponerse restricciones de exportación a los destinatarios de las variedades del obtentor para impedir las importaciones paralelas de material a aquéllas en los principales mercados. Esto puede suceder, por ejemplo, con las exportaciones, en constante aumento, de flores y frutas de los países en desarrollo porque esta producción creciente compite con la de EE UU o la Unión Europea, que son los principales mercados. En 1994, el obtentor estadounidense y los detentores de licencias europeos negaron a los productores argentinos de fresa el permiso de exportar las plantas a Europa porque competían directamente con las producidas allí. La protección de los derechos del obtentor concedida en Europa demostró ser un obstáculo no arancelario eficaz para el comercio.
Dicha protección también puede usarse para impedir por completo la utilización de la variedad. Este caso puede darse cuando el obtentor no es una entidad independiente,
El interés del fitomejorador está unido entonces al de toda la industria nacional, como ocurre con muchos sectores de exportación tradicionales de la agricultura tropical. Por ejemplo, en algunos países de América Latina los fitomejoradores de la caña de azúcar pueden proteger sus variedades en otros países de la región, impidiendo su utilización, para salvaguardar los intereses de la exportación de los productores nacionales. En este sentido, los derechos del obtentor pueden volverse un instrumento de defensa de sus intereses para los países en desarrollo que compiten por los mismos mercados de exportación.

El germoplasma público
En esos cinco países latinoamericanos, los centros públicos nacionales de investigación agrícola son, sin duda, las principales organizaciones de fitomejoramiento. Solían entregar, a bajo precio o gratuitamente, nuevas variedades a los agricultores. Asimismo, concedían licencias para sus variedades al sector privado con carácter no exclusivo. Las reducciones presupuestarias, no obstante, sumadas al hecho de saber que el sector privado se beneficiaba con su trabajo, hizo que los institutos trataran de retener los beneficios comerciales del mismo. Los principales centros de esos cinco países ya protegen todas sus nuevas variedades mediante los derechos del obtentor o intentan hacerlo tan pronto como la ley les brinde la oportunidad. Consideran que esa protección es un importante instrumento para defender su existencia y seguir siendo competitivos frente al sector privado.
Las mejores perspectivas comerciales de los centros tienen una influencia negativa en el acceso tradicionalmente libre a su germoplasma. Primero, entre más dependa un centro del éxito comercial de las variedades vegetales que produce, más valor estratégico asignará a su germoplasma. En consecuencia, negará cada vez más a terceros el acceso al germoplasma vegetal tradicionalmente público y que administra. Segundo, la colaboración con empresas privadas también los obliga a restringir el acceso a su germoplasma. Muchos centros participan en proyectos de investigación conjuntamente con el sector privado para llevar a cabo aquélla que de otro modo resultaría imposible tanto tecnológica como financieramente. Las empresas privadas, sin embargo, piden que se proteja el material que proviene de la investigación conjunta. Si se mantuviera la política del acceso sin restricciones, los terceros podrían utilizar libremente los resultados de la investigación que se ha llevado a cabo con capital de los competidores, lo que provocaria la reticencia de las compañías privadas a la hora de participar en la investigación conjunta con los institutos.
No obstante, la industria semillera es mucho más optimista con respecto a los efectos que tendrán los derechos del obtentor en la disponibilidad de germoplasma público. Insiste en que el acceso al mismo no era tan libre como suele creerse. A falta de un procedimiento formal para la transferencia de germoplasma, la actitud personal de los fitomejoradores del instituto, es la que determina cuán abierto o restringido es realmente el acceso al germoplasma. Los fitomejoradores tienen la capacidad necesaria para evaluar el valor que tiene el material para el instituto así como para el receptor y, por ello, poseen una posición clave en el intercambio de germoplasma. Tomando en cuenta que muchos fitomejoradores públicos, por motivos políticos, se mostraron renuentes a colaborar con el sector privado, puede que las empresas hayan encontrado más restringido el acceso al germoplasma en el pasado.

La difusión de semillas
Las consecuencias que acarrearán los derechos del obtentor para los agricultores individuales depende del modo en que adquieran sus semillas.
Generalmente se parte del supuesto de que en todos los países en desarrollo la mayoría de los agricultores guardan las semillas de sus propias explotaciones agrícolas o las obtienen a través de vías comerciales no oficiales. Alrededor del 80 por ciento de esas necesidades se satisface de este modo en los países en desarrollo. Guardar semillas es importante para los agricultores porque puede reducir considerablemente los costos de éstas y hacer que dependan menos del suministro externo. Las vías comerciales no oficiales suelen incluir el intercambio de granos por semillas con los distribuidores o los detentores de granos. Estos intercambios implican un sistema de crédito en especie: el agricultor recibe una bolsa de semillas de un comerciante en la época de la siembra. Se trata de granos condicionados producidos por otros agricultores. A cambio de ello, el agricultor le entrega el doble o triple de esa cantidad en el momento de la cosecha. Para el agricultor, esta transacción ofrece la ventaja de pagar menos por las semillas y evitar hacerlo en efectivo. El pago en especie hace que los agricultores se vean menos afectados por la inflación y reduce la presión que se ejerce sobre ellos para vender su producción. El beneficio del comerciante reside tanto en conseguir tres bolsas de grano por el precio de una, como en efectuar una transacción no oficial. Así puede evitarse el pago tanto de regalías como de impuestos.
La aplicación de la legislación relativa a los derechos del obtentor en los cinco países de América Latina no afecta el almacenamiento de semillas de variedades protegidas.
Todos los países han incluido el privilegio del agricultor en su jurisprudencia, con lo cual los agricultores quedan exentos de dichos derechos. Se les permite guardar semillas para volver a sembrar sus tierras. No se permite el intercambio de esas semillas con otros agricultores, pero, en la práctica, no es posible comprobarlo.
El efecto que tendrán esos derechos en los trueques de grano por semillas es harina de otro costal. Este comercio de semillas se vuelve ilegal al promulgarse la ley relativa a dichos derechos. Como se demostró anteriormente, el ‘mercado negro’ argentino se redujo considerablemente en el caso del trigo y la soja al aplicarse los derechos del obtentor. El trueque de granos por semillas puede sobrevivir en esas condiciones, pero, al estar legalizado, será más caro debido a las regalías e impuestos que pagarán, primero, el vendedor de semillas, y, luego, el agricultor. Por último, esto puede llevar a un aumento del número de agricultores que guarden sus propias semillas para la siembra.

Ganadores y perdedores
Los derechos del obtentor se aplican en los países de América Latina desde hace poco tiempo, lo que no permite sacar conclusiones a largo plazo acerca de sus consecuencias.
Sin embargo hay suficientes indicios que dan una idea de quienes pueden ser los ganadores y los perdedores de esa situación.

Primero, la industria semillera probablemente estará entre los ganadores. La protección de dichos derechos permite que controlen la utilización de sus variedades y que obtengan mayores ingresos. Es difícil decir si esto los estimulará a invertir más en el fitomejoramiento. Muchos otros factores macroeconómicos desempeñarán un papel crucial. Una mayor rentabilidad general del fitomejoramiento, puede atraer a más representantes del sector privado. Los fitomejoradores que tengan acceso al germoplasma disponible en los centros internacionales de investigación pública podrán obtener más beneficios, ya que los derechos del obtentor no afectarán prácticamente ese acceso, mientras que gozarán de protección para lo que vendan. En función de la experiencia argentina aún no hay indicios de que las semilleras multinacionales se hayan beneficiado con esos derechos más que las nacionales. Sin embargo, conceder derechos de propiedad intelectual implica la posibilidad de querellas que deban resolverse en los tribunales. En caso de pleito entre una compañía nacional y otra extranjera mucho mayor, es obvio que la segunda estará en mejor posición. Por lo general, la importancia de los derechos de propiedad intelectual depende de la capacidad financiera de su detentor.
Segundo, los productores de cultivos de exportación, como flores y frutas, pueden beneficiares, en un principio, con los derechos del obtentor al tener mejor acceso a variedades extranjeras. No obstante, estos beneficios pueden verse reducidos por las restricciones posibles impuestas por el obtentor a las licencias para América Latina, especialmente porque las flores cortadas y las frutas se destinan a la exportación, lo que puede representar una amenaza para la producción local en los mercados de receptores. El que los agricultores ganen o pierdan con la aplicación de esos derechos depende de sus oportunidades de colaborar con poseedores de licencias en los mercados a donde se exporta.
Tercero, los institutos públicos pueden beneficiarse de las regalías, las que pueden aportar más capital adicional, muy necesario para su supervivencia frente a las políticas de desreglamentación. Esto implica restringir el acceso al germoplasma tradicionalmente público. Aún se desconocen las consecuencias que acarreará para otros fitomejoradores públicos y privados.
Cuarto, puede que, al final, los agricultores tengan que cargar con las consecuencias negativas de ello pero no es seguro de que así sea. Los derechos del obtentor encarecerán las semillas, porque atacan el comercio no oficial, que es el principal medio para su difusión. Esto puede motivar a los agricultores a guardar más semillas de su propia producción. Esta práctica aún está permitida en la legislación de los países latinoamericanos. Sin embargo al introducir los derechos del obtentor, este derecho natural se vuelve legal, en realidad un ‘privilegio’, lo cual hace que dependa de decisiones políticas y por ende, que esté sujeto a posibles restricciones. A los agricultores también pueden afectarlos cambios en las prioridades en materia de investigación en los institutos públicos. ¿Estos institutos utilizan un enfoque comercial sólo con algunos cultivos para mantener su capacidad de mejoramiento en los cultivos no comerciales? O bien ¿la reducción de sus presupuestos causa un cambio con respecto a los objetivos del mejoramiento que se aleja de los cultivos no atractivos para el comercio?

Jeroen van Wijk

Teléfono (+31) 10 408 1913;E-mail jwijk@fbk.eur.nl

Este artículo se basa principalmente en: Walter Jaffé y Jeroen van Wijk, The Impact of Plant Breeders’ Rights in Developing Countries: Debate and experience in Argentina, Chile, Colombia, México and Uruguay. DGIS/IDRC. Publicación de DGIS.

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