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¿Los Acuerdos de Transferencia de Material Abrirán
la Caja de Pandora?
By
Robin Pistorius

 
Palabras clave:  Acceso a los recursos genéticos; Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional (GCIAI); Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos (IPGRI); Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO); Derechos de propiedad intelectual.
Cita literal: Pistorius, R. (1999), "¿Los Acuerdos de Transferencia de Material Abrirán la Caja de Pandora?" Monitor de Biotecnología y Desarollo, Compendio 1995-1997, p. 17-19.

Las colecciones de germoplasma en depósito en el Grupo Consultativo sobre Investigación Agrícola Internacional (CGIAR) se crearon basándose en el principio de la libre disponibilidad y utilización de los recursos genéticos. Al entrar en vigor el , los Estados pueden ejercer derechos soberanos sobre los recursos genéticos. El Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos (IPGRI) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) están intentando concebir un mecanismo que garantice un acceso y una distribución continuos con respecto a las transferencias de germoplasma y que tome en cuenta asimismo las disposiciones del Convenio.

Los acuerdos de transferencia de material son contratos sobre las condiciones de transferencia y uso de los recursos genéticos. No se trata de algo completamente nuevo. En la industria biotecnológica, en particular en los Estados Unidos y más recientemente también en Europa y el Japón, se los usa cada vez más para transferir (material genético de) variedades o líneas de mejoramiento, o ambas, con un importante potencial comercial. Se puede considerar que respetan las fuerzas crecientes del mercado con respecto al uso de los recursos genéticos. Además, dado que el régimen actual de acceso abierto no produce suficientes incentivos económicos para los países en desarrollo, como para que inviertan en nuevas instalaciones de conservación, recurrir a los derechos soberanos podría considerarse como un medio viable de generar ingresos adicionales.
Al mismo tiempo, no obstante, esos acuerdos sirven para garantizar que el material genético no quede sometido al régimen de propiedad privada. El jardín botánico de Kew Gardens en Londres, por ejemplo, recurre a ellos para impedir que la parte contratante utilice el material recibido con fines comerciales. Como se pondrá claramente de manifiesto en el presente artículo, los centros del CGIAR quieren utilizar esos acuerdos para asegurarse de que se siga disponiendo libremente del 'germoplasma designado' o sea, el adquirido antes de la entrada en vigor del Convenio sobre la Diversidad Biológica, o bien el material elaborado en un centro a partir de dicho germoplasma. No obstante, los parámetros para el intercambio de recursos genéticos están cambiando drásticamente, creando un nuevo entorno jurídico para los doce institutos del CGIAR que mantienen colecciones de germoplasma. Esto es particularmente cierto para el período posterior a la firma del Convenio, en el que las disposiciones relativas a la soberanía nacional en relación con una participación justa y equitativa en los beneficios han comenzado a dominar el proceso decisorio internacional.

Parámetros cambiantes
Los últimos diez años muestran una gradual erosión del principio según el cual los recursos genéticos son una ‘herencia de la humanidad’, que fue consagrado por primera vez en el Compromiso Internacional sobre Recursos Fitogenéticos de la FAO, aprobado en 1983. En 1989 se lo amplió mediante dos resoluciones. La primera (4/89) reconoció que los derechos del obtentor, tal como están contemplados en el Convenio de 1978 de la Unión Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas (UPOV), no eran compatibles con dicho Compromiso. Al mismo tiempo reconoció también los derechos del agricultor, que se definían en la segunda resolución (5/89). En 1991, una tercera resolución (3/91) declaró que el concepto de herencia de la humanidad estaba sujeto a la soberanía absoluta de los Estados sobre sus recursos fitogenéticos. Asimismo convino en que los derechos del agricultor se aplicaran por medio de un fondo internacional para recursos fitogenéticos.
No sólo las Resoluciones de la FAO sino también el Convenio han impuesto las nuevas condiciones para el acceso a los recursos fitogenéticos y su compensación. El Convenio, firmado en 1992 y en vigor a partir de diciembre de 1993, reconoce los derechos soberanos de las naciones sobre sus propios recursos biológicos y propone una "participación justa y equitativa en los beneficios" derivados de su utilización.
La influencia del Compromiso de la FAO y del Convenio sobre las políticas del CGIAR ha sido muy limitada porque: a) su banco de genes carecía hasta hace muy poco de lazos oficiales con el sistema mundial para la conservación y la utilización de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, dependiente de la FAO; y b) el Convenio no abarca el material ex situ ya en depósito antes de su entrada en vigor. Por lo tanto, el CGIAR seguirá aplicando el principio de la libre disponibilidad sin tener que ocuparse del tema de los derechos soberanos.

El acuerdo entre la FAO y el CGIAR
La Resolución 3 del Acta Final de Nairobi del Convenio consideró en 1992 el acceso a las colecciones existentes ex situ y los derechos del agricultor como cuestiones pendientes para las que habrían de buscarse soluciones dentro del sistema mundial de la FAO. El 26 de octubre de 1994 doce centros del CGIAR, que mantienen colecciones de germoplasma ex situ pusieron el acceso al germoplasma designado bajo los auspicios de la FAO, como parte de la Red internacional de colecciones ex situ. El IPGRI desempeñó una importante función en la negociación de este acuerdo en nombre del CGIAR .
De acuerdo con el Artículo 3b del Acuerdo entre la FAO y el CGIAR, ninguno de los 12 centros del CGIAR tiene que aplicar las dos disposiciones siguientes: "reclamará ninguna titularidad jurídica sobre el germoplasma designado ni reivindicará derechos de propiedad intelectual sobre el germoplasma o información conexa" (por ejemplo los resultados de la investigación y la información obtenida de las personas o las comunidades que han donado el germoplasma al centro). Asimismo, se compromete "a garantizar que la persona o la institución que reciba a continuación el germoplasma designado esté obligada por la misma disposición."
Además, el Artículo 10 de dicho Acuerdo declara explícitamente que los centros deben asegurarse de que cualquier beneficiario del germoplasma designado o de la información conexa, o de ambos, esté obligado a cumplir con las mismas condiciones en los 12 centros. En los Apéndices figuran en total unas 450.000 muestras de germoplasma designado para cada uno de los acuerdos que forman parte del firmado entre la FAO y el CGIAR. A partir de junio de 1995, los institutos o las personas que solicitan material de dichos centros recibirán una notificación en la que se les explicarán las nuevas disposiciones. Al firmarla, el nuevo usuario aceptará lo estipulado en el Artículo 3b del Acuerdo.
Sin embargo, el germoplasma designado es material genético que se ha obtenido o mejorado antes de la entrada en vigor del Convenio. Pero, ¿qué ocurrirá con el material obtenido con posterioridad? Mientras el presente acuerdo se limita simplemente a consolidar el principio de los recursos genéticos como una "herencia de la humanidad", el intercambio y el uso del material, posterior a la firma del Convenio, seguramente quedará comprendido en las disposiciones específicas tanto del Compromiso como del Convenio, en lo que hace a las reivindicaciones de soberanía y a una "participación justa y equitativa en los beneficios". En este sentido cabe notar que el Convenio reconoce la primacía de los derechos de propiedad intelectual.
Las reglas para el intercambio de material, posteriores a la firma del Convenio, se debaten actualmente en la Comisión de Recursos Fitogenéticos de la FAO en coordinación con la Conferencia de las Partes del Convenio, que representan a los países que lo firmaron y lo aplican. Empero, el Acuerdo entre la FAO y el CGIAR no abarca aún dicho material. En él se estipula que los centros CGIAR firmantes "participarán activamente" en el debate con el objeto de llegar a un acuerdo que "facilite el intercambio y la utilización" así como una "participación justa y equitativa en los beneficios" derivados de la utilización comercial o de otro tipo del germoplasma.

Cuestiones pendientes
Dado que ahora la Comisión de Recursos Fitogenéticos de la FAO está adaptando el Compromiso a los principios del Convenio, el resultado de sus debates con la Conferencia de las Partes sobre las cuestiones de acceso e intercambio tendrán consecuencias directas para las políticas del CGIAR. Sus centros tendrán que prever la presentación de reivindicaciones de la respaldada soberanía nacional por parte de los países de origen, reconocidas en el Convenio para el material adquirido por los centros después de su entrada en vigor. Al elaborar su legislación nacional, el país de origen podrá comenzar a imponer restricciones a la distribución y la recolección de sus recursos genéticos.
En este contexto tiene lugar el debate sobre la aplicación de los acuerdos de transferencia de material a la distribución del adquirido por el CGIAR con posterioridad al Convenio. ¿Cómo pueden vincularse las disposiciones relativas a los derechos soberanos y a una "participación justa y equitativa en los beneficios", estipuladas en el Convenio, con el mandato del CGIAR de garantizar la libre disponibilidad del germoplasma? Las soluciones dependerán del resultado de otros debates entre los estados miembros de la Comisión de la FAO y de la Conferencia de las Partes.
Son cada vez más los centros del CGIAR que distribuyen material de sus programas de mejoramiento a los usuarios comerciales. Actualmente, seis centros preparan acuerdos de transferencia de material: el CIAT, el CIP, el CIMMYT, el ICRISAT, el IITA y el IRRI. Entre ellos existen considerables diferencias en cuanto a la interpretación: algunos sólo desean estar informados acerca de los usos comerciales mientras que otros quieren que se les pida su acuerdo.

Propuesta del IPGRI
En junio de 1995 Geoffrey Hawtin, Director General del IPGRI, propuso un marco multilateral que podría servir de mecanismo para compartir los beneficios en los casos en que se conoce el país de origen y en que la investigación lleva a la comercialización del material.
Con respecto al material distribuido por los programas de mejoramiento del CGIAR, Hawtin sugiere que se los clasifique en dos tipos: "para fines no lucrativos" y "para uso comercial". El primero incluiría el intercambio entre agricultores y las variedades mejoradas que se han suministrado sin lucro. El uso comercial incluye todos los casos en que entra en juego la protección de los derechos de propiedad intelectual.
Hawtin sugiere aplicar un mecanismo de compensación para cubrir el material obtenido con anterioridad al Convenio, poniendo "todos los beneficios derivados del uso comercial (...) en el fondo internacional previsto para la aplicación de los derechos del agricultor." Hace notar la complejidad de los procedimientos de negociación para lograr la participación equitativa en los beneficios. "En la mayoría de los casos tales beneficios financieros pueden ser grandes, lo que (...) subraya la importancia de analizar los costos involucrados en la transacción. (...) En cualquier caso, la comunidad internacional tendrá que sopesarlos comparándolos con los beneficios posibles."

La caja de Pandora
La pregunta que cabe hacer es ¿qué función desempeñarán los centros del CGIAR en caso de que usuarios públicos o privados violen las reglas de los acuerdos de transferencia del material? Incorporar a la política del CGIAR con respecto a éstos un acuerdo detallado de compensación puede resultar muy complejo. Recientemente Barton y Siebeck presentaron una propuesta oficiosa que incluye cláusulas opcionales en las que se protegen los derechos de un país de origen mediante una ‘norma de linaje’ basada en el nivel de parentesco entre el material mejorado y el material genético de origen. Se habla de una norma de linaje mínimo del 25 por ciento. Además, los beneficiarios que aplican los derechos de propiedad intelectual a sus genes o inventos derivados del material del CGIAR no podrán hacerlo en contra del país de origen durante cierto número de años, a menos que lo pongan a su disposición a un precio justo.
A pesar del contenido lógico y razonable de los acuerdos de transferencia de material, cabe preguntarse en qué medida ayudan realmente a que los países en desarrollo se beneficien de su soberanía nacional sobre los recursos genéticos. Esos acuerdos podrían ocasionar más costos inesperados, debido a una mayor reglamentación, que beneficios concretos si no se simplifican rápidamente. Los siguientes puntos ilustran algunos de los problemas potenciales de su aplicación:
(1) Oposición por parte de la industria. Algunos usuarios de la industria podrían rehusarse a aceptar el material porque restringe su derecho de recurrir a los derechos de propiedad intelectual (especialmente las patentes) en el país de origen o el país en desarrollo, o en ambos. Esto se aplica especialmente a los casos en que los centros del CGIAR pongan la cláusula "para investigación solamente" en los acuerdos, impidiendo así el patentado del material transferido o de ciertos tipos de productos derivados. En estos casos, los usuarios comerciales podrían intentar evitar pasar por dichos centros. Existen muchos proveedores alternativos fuera de la red del CGIAR. El material selecto, hasta la fecha, se suele intercambiar dentro de las redes de obtentores, y fuera del sistema del CGIAR.
(2) Uso de recursos múltiples. Barton y Siebeck declaran que los usuarios pueden refutar fácilmente una "norma de linaje". El parentesco en las variedades mejoradas depende de un huésped de líneas diferentes, en que cada uno suele contribuir en cantidades mucho más pequeñas que un cuarto de la nueva línea. En el sector médico, las empresas privadas, como Merck, tienden a usar material de un país de origen (por ejemplo Costa Rica) pero, en el sector agrícola, es típico que una variedad incluya material genético de muchos orígenes. Al aplicar un enfoque similar al material genético usado en la investigación agrícola se puede llegar a fórmulas muy complejas de participación. Un argumento adicional podría ser que los acuerdos de transferencia de material implican el libre acceso a la información sobre el pedigrí de las variedades comerciales, la que suele mantenerse secreta en la industria privada. ¿Cómo puede funcionar adecuadamente una norma de linaje sin violar esta práctica?
(3) Alcance de los derechos. No está claro en qué medida los derechos de los países de origen, según se describen en los acuerdos de transferencia de material, incluyen también los derivados de ese material. Los progresos de la biotecnología pueden complicar las negociaciones sobre lo que es un producto derivado. Por ejemplo, podría haber casos en que se usaran técnicas capaces de variar la expresión genética en diferentes huéspedes. El gen sigue siendo fundamentalmente el mismo pero su función difiere. Además, podrían usarse técnicas para identificar genes similares o combinaciones de genes en otras especies, que luego patentará el usuario evitando así cumplir las normas. Barton y Siebeck sugieren que los acuerdos de transferencia de material podrían incluir cláusulas estipulando que la variedad se ha "logrado mediante" tal otra, para evitar estos problemas y garantizar las regalías al país de origen. Sin embargo, cabe volver a plantearse la pregunta de en qué medida un usuario seguirá interesándose en un acuerdo de este tipo que restrinja sus derechos a una patente. Esto quizás exija un estudio de las opciones para integrar las reglas de la UPOV sobre las "variedades esencialmente derivadas" y los acuerdos de transferencia de material
(4) Posición de los países en desarrollo. La cita anterior menciona a los ‘países en desarrollo’ como zonas en las que el dueño de una patente no puede pedir la protección de sus derechos. Esto exige que se de una definición adecuada de cuáles países entran en esa categoría y cuáles no. Entre los países en desarrollo, según lo definido en el Convenio, varios tienen industrias biotecnológicas avanzadas, tales el Brasil y Malaisia. Ellos interpretarán la cláusula como un impedimento a sus esfuerzos por ampliar su parte del mercado regional o mundial. Además de ello, muchos países en desarrollo no poseen (al menos por ahora) mecanismos jurídicos para apoyar sus reivindicaciones nacionales en cuanto a la transferencia de tecnología o a la compensación financiera.

Los acuerdos de transferencia de material, tal como los usan los institutos del CGIAR, ¿son un mecanismo útil para lograr un equilibrio entre la libre disponibilidad y la compensación justa? Si los centros del CGIAR prefieren no seguir creando empresas mixtas con los usuarios comerciales, será menos urgente la necesidad de tener acuerdos complejos. A su vez, esto impedirá que los países de origen participen en las cuestiones de compensación a través de sus reivindicaciones de soberanía.
Robin Pistorius

E-mail pistorius@pscw.uva.nl

Fuentes
J. H. Barton y W. E. Siebeck (1994), Material Transfer Agreements in Genetic Resources Exchange: The case of the International Agricultural Research Centres. Publicado en Genetic Resources no. 1, mayo de 1994, Roma: IPGRI.

J. H. Barton y W. E. Siebeck (1995), Securing Genetic Resources Exchange Through Transfer Agreements. Sin publicar.

FAO Commission on Plant Genetic Resources (1995), The International Network of Ex Situ Collections and the CGIAR Centres. Documento de la FAO CPGR-6/95/12 Add.1, de junio de 1995. Roma: FAO.

G. Hawtin (1995), Approaches to Facilitating Access to Plant Genetic Resources and Promoting the Equitable Sharing of Benefits Arising from their Commercial Exploitation, within the Context of CGIAR. Sin publicar.

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